Nuestro Equipo

ADIÓS AL IMPUESTO DE PLUSVALÍA MUNICIPAL

¿Qué es el impuesto de plusvalía?

 

Es la tasa de titularidad municipal que se aplica en todos los casos de traspaso de un inmueble de una persona a otra, ya sea una venta, herencia o donación.

Este impuesto hay que pagarlo en 30 días, a excepción del caso de las herencias en el que el plazo es de 6 meses y se fija de manera automática multiplicando el valor catastral del suelo de cada casa por unos coeficientes que establece cada ayuntamiento, en función de los años de tenencia de ese inmueble.

 

¿Quién paga este impuesto?

 

Cuando se vende una vivienda, es el vendedor quien tiene que pagar este impuesto. En el caso de una donación el pago del impuesto corre a cargo de la persona que toma el inmueble. De igual modo, cuando se hereda una vivienda son los herederos quienes tienen la obligación de pagar la plusvalía municipal. 

Este importe suele oscilar entre los 3.000 y los 6.000€, pudiendo variar en función del valor catastral que tenga el inmueble transmitido. 

 

¿Cómo se calcula?

 

El impuesto sobre plusvalía está regulado por los artículos comprendidos entre el 104 y 110 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Para calcular la plusvalía hay que tener en cuenta el valor catastral de la vivienda, el tiempo transcurrido desde que se adquiere el bien hasta que se vende o se dona. Para obtener la base imponible sobre la que aplicará el impuesto se aplican unas tasas de revalorización que establecen los ayuntamientos y que varían en función del tiempo que se ha tenido la casa.

 

 

¿Por qué el Constitucional anula este impuesto?

 

El motivo es porque el Alto Tribunal declara " Inconstitucionales y nulos " tres apartados del artículo 107 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que regulan el cálculo de la base imponible del impuesto sobre plusvalía. 

Su justificación es que " establece un método objetivo de determinación de la base imponible de impuesto que determina que siempre haya existido aumento en el valor de los terrenos durante el periodo de la imposición, con independencia de que haya existido ese incremento y de la cuantía real de ese incremento". Es decir, que el impuesto no siempre respeta la plusvalía realmente obtenida porque se basa en unas tablas preestablecidas (catastro) por los municipios y unos baremos fijados por la norma, sin tener en cuenta la evolución real del valor de los terrenos sobre los que está construida la vivienda.

 

¿Qué consecuencias tiene?

 

Aún falta por conocer muchos detalles del texto que aún no se han publicado, pero lo que sí es de esperar es que los ayuntamientos tengan que devolver el importe de los impuestos que ya están recurridos. La Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) considera que la sentencia del Constitucional da la posibilidad de reclamar todas las plusvalías impuestas injustamente por los ayuntamientos. 

Algunos abogados consideran que la sentencia afectará a todas aquellas operaciones firmadas a partir de ahora o a los casos que ya estén recurridos. Pero no tendrá efectos retroactivos para las situaciones en las que ya no haya posibilidad de presentar recurso o cuando los recursos fueron rechazados en firme en el pasado.

 

¿Qué supone para los ayuntamientos?

 

Contamos con más de 8.000 municipios en todo el territorio español, que ingresan anualmente unos 2.500 millones de Euros por este tributo, según el último estudio realizado por el Ministerio de Hacienda, correspondiente al año 2019. 

Cuando se publique la sentencia en firme, los ayuntamientos no podrán cobrar el tributo hasta que Hacienda cambie la norma para reformar el impuesto. El impuesto quedará anulado hasta entonces, en cualquier caso, los ayuntamientos perderán un mínimo de tres meses de ingresos, lo que supondrá un gran golpe para los presupuestos municipales del próximo año.

 

¿Qué va a hacer Hacienda?

 

El Ministerio de Hacienda y Función Pública, a través de un comunicado, aseguró que está trabajando en un borrador legal para ofrecer seguridad jurídica a contribuyentes y entidades locales.

Hacienda señala que analizará la sentencia del Tribunal Constitucional, ya que la idea del ministerio es reformar la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, para permitir a los ayuntamientos que puedan seguir cobrando el tributo.

La doctrina del Constitucional no permite crear nuevos impuestos ni alterar su configuración esencial mediante decreto ley. En este caso los cambios afectarán al cálculo de la base imponible, de modo que Hacienda tendrá que valorar si es viable jurídicamente o no recurrir a esta figura o tendrá que tramitar el cambio como ley. Lo que también puede hacer es aprovechar una norma con rango legal que se esté tramitando actualmente en el Congreso, como la Ley de Presupuestos, para introducir el cambio como una enmienda. Pero habrá que esperar a ver la decisión que toma finalmente el ministerio.

 

 

 

Fuente: El Pais, El mundo, ABD

 

 

 

 

 

 


BUSCADOR DE PROPIEDADES

Tipo de operación
Distrito
Barrio
Precio Desde: Cualquiera
Precio Hasta: Cualquiera
Superficie Desde: Cualquiera
Superficie Hasta: Cualquiera
Dormitorios: Indiferente

Especialistas en las zonas más exclusivas de Madrid